El Gobierno nacional anunció la desregulación del servicio de correos mediante el decreto 1005/2024, una medida que tiene como objetivo, según sostienen desde el oficialismo, aumentar la competencia, mejorar la digitalización y fortalecer la seguridad en los procesos postales. Esta reforma trae consigo una serie de modificaciones clave, como la simplificación de la inscripción de operadores postales, la eliminación de exclusividades en ciertos servicios y la modernización de los procesos burocráticos. A continuación, desglosamos los principales cambios que establece el decreto.
Uno de los cambios más importantes de esta reforma es la simplificación en la inscripción de los operadores postales. Según el decreto, las personas jurídicas podrán registrarse de manera electrónica, gratuita y con un proceso declarativo ante la autoridad correspondiente. La inscripción, que solo deberá realizarse una vez al comenzar la actividad, permitirá a las empresas iniciar sus servicios en un plazo de cinco días. Esto abre las puertas a una mayor participación de empresas en el sector, promoviendo la competencia y la diversificación de los servicios postales en el mercado.
La polémica del decreto también se relaciona con el hecho de que ahora se otorga una mayor libertad a los operadores postales en cuanto a la modalidad de los servicios que ofrecen. Ahora, las empresas podrán decidir libremente la dotación de personal, los medios de transporte, los tipos de servicios prestados y los locales que requieran para desarrollar su actividad. Esta flexibilidad, según el Gobierno, fomentará la innovación y la mejora en la calidad de los servicios, permitiendo que cada operador adapte sus operaciones a las necesidades del mercado y de los usuarios.
Otra de las modificaciones clave es la eliminación de las exclusividades que hasta ahora otorgaban al Correo Argentino y a otras empresas estatales la posibilidad de ofrecer ciertos servicios, como el envío de cartas documento y telegramas. A partir de la desregulación, cualquier operador postal podrá brindar estos servicios, lo que generará una mayor competencia en el mercado y permitirá a los usuarios acceder a más opciones. Además, el decreto establece que los operadores que ofrezcan estos servicios deberán garantizar la correcta entrega de los documentos, ya sea en formato físico o digital, a través de sistemas de transmisión seguros.
La digitalización también juega un papel fundamental en esta reforma. Con el objetivo de modernizar los procesos burocráticos, el Gobierno habilitó que los ejemplares de cartas documento y las constancias de entrega sean emitidas en formato digital. También se permitirá el uso de tecnologías de autenticación biométrica y verificación remota para garantizar la identidad del receptor, lo que mejorará la seguridad de las transacciones postales y facilitará el acceso a los servicios, especialmente para quienes necesitan realizar gestiones a distancia.
Otra de las modificaciones introduce cambios en el concepto de mensajería urbana. A partir de la nueva normativa, las personas humanas (y no solo las jurídicas) podrán ofrecer servicios de entrega dentro de áreas urbanas, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Área Metropolitana. Este cambio facilitará que pequeños emprendedores puedan ingresar al mercado, ofreciendo servicios rápidos y económicos para envíos dentro de una misma ciudad o área metropolitana.
En cuanto a la seguridad de los envíos, el decreto establece que los prestadores de servicios postales deberán indemnizar a los usuarios en caso de pérdida, extravío, destrucción o daño de los envíos postales. Si un paquete o documento tiene un valor declarado, el operador deberá reintegrar tanto el valor declarado como el monto abonado por el servicio, lo que refuerza la protección al usuario en caso de que se produzcan incidencias durante el envío.
Por último, el Gobierno sostiene que esta reforma responde a la “sobrerregulación” del sector postal, que había generado barreras de entrada para nuevos operadores y encarecido los costos para los usuarios. Al eliminar estas barreras, el Ejecutivo espera promover una competencia más sana y un servicio de mejor calidad, con precios más accesibles para la población. A pesar de la desregulación, las disposiciones sobre el secreto postal y la seguridad de los envíos no se alteran, lo que garantiza que los usuarios seguirán protegidos.
