El gobierno de Javier Milei tomó una medida controversial al disolver la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda a través del Decreto 70/2025. Este acto forma parte de un proceso de reestructuración del Estado, que busca reducir la intervención del Gobierno Nacional en la política de vivienda y ceder mayor responsabilidad a las provincias, los municipios y el sector privado. Según las autoridades nacionales, esta decisión responde a la convicción de que la gestión de la vivienda debe descentralizarse y ser manejada por los actores locales, en lugar de depender de un control centralizado.
En el marco de la disolución, se han eliminado varios fondos fiduciarios vinculados a los planes de vivienda, los cuales habían sido gestionados por la Secretaría de Vivienda. Entre ellos se encuentran el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), cuyo cierre había sido determinado por el Decreto 1018/2024 tras una auditoría que detectó irregularidades como demoras en la entrega de viviendas y problemas de habitabilidad. De manera similar, se ha cerrado el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, que también había sido objeto de críticas por su uso político y clientelista, además de haber evidenciado incumplimientos y falta de transparencia.
Cabe señalar que el Gobierno subrayó que esta decisión busca erradicar prácticas irregulares y poner fin a lo que se considera un “modelo de corrupción” que, según la Casa Rosada, estaba basado en “los sueños compartidos” de los programas anteriores. A partir de ahora, la responsabilidad de impulsar obras de vivienda recaerá principalmente en los gobiernos provinciales y municipales, mientras que el sector privado jugará un rol clave en la ejecución de nuevos proyectos.
Además, se confirmó la transferencia de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la Dirección Nacional de Arquitectura al ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. La transición de responsabilidades se llevará a cabo de manera ordenada a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), con el objetivo de asegurar que no haya interrupciones en la gestión de los proyectos sociales y urbanos. En resumen, el gobierno de Milei avanza con su plan de reestructuración, que también incluye la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), mientras promueve una política de vivienda más vinculada a la iniciativa privada y a la descentralización de la gestión pública.
