El Gobierno nacional presentó en el Congreso un proyecto para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, una iniciativa que reabre el debate sobre la información nutricional en los alimentos y las políticas de prevención de enfermedades vinculadas a la alimentación.
La propuesta fue enviada al Senado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. El texto plantea eliminar los sellos de advertencia en forma de octógonos negros que actualmente deben exhibir los productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías.
Según los fundamentos del proyecto, la normativa vigente presenta limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas que justificarían su derogación. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el sistema actual simplifica la información nutricional y puede generar interpretaciones incompletas por parte de los consumidores.
Entre los argumentos oficiales también se menciona que el modelo basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no contempla adecuadamente las diferencias entre tipos de alimentos ni las porciones efectivamente consumidas.
Además, el Gobierno considera que la legislación vigente genera costos adicionales para la industria alimentaria, dificulta la reformulación de productos y puede afectar la competitividad comercial. Otro de los objetivos planteados es avanzar hacia una armonización de los criterios de etiquetado con otros países del Mercosur.
La ley, sancionada en 2021, obliga a incluir sellos de advertencia en los envases de alimentos y bebidas que superen determinados niveles de nutrientes críticos. También establece restricciones a la publicidad dirigida a niños y limita el uso de personajes infantiles o estrategias de marketing en productos considerados poco saludables.
La iniciativa oficial generó cuestionamientos por parte de especialistas en nutrición, organizaciones de consumidores y entidades vinculadas a la salud pública. Estos sectores sostienen que el etiquetado frontal permitió mejorar el acceso a la información nutricional y favoreció decisiones de consumo más informadas.
Asimismo, remarcan que la normativa impulsó cambios en la composición de numerosos productos alimenticios y constituye una herramienta importante para la prevención de enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión.
El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo, donde deberá ser debatido en comisiones antes de llegar al recinto para su tratamiento parlamentario.
