La administración de Javier Milei reglamentó el procedimiento para cobrar la atención sanitaria a personas extranjeras que no cuentan con residencia permanente en la Argentina. La medida excluye las emergencias y garantiza el acceso en igualdad de condiciones a quienes tienen residencia permanente.

El Gobierno nacional oficializó este martes la Resolución 1066/2026, publicada en el Boletín Oficial, que establece el “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional”. La normativa reglamenta los cambios introducidos por el DNU 366/2025 en la Ley de Migraciones y alcanza a todos los extranjeros que no tengan residencia permanente en el país.

La resolución establece una excepción para las situaciones de emergencia. En esos casos, “no podrá negársele ni restringírsele el acceso” a la atención sanitaria a una persona extranjera, sin importar su situación migratoria. El régimen contempla cuadros como paros cardiorrespiratorios, accidentes cerebrovasculares, infartos, traumatismos graves, hemorragias masivas, sepsis, intoxicaciones y otras patologías que impliquen un riesgo cierto e inminente para la vida.

También quedan exceptuadas las emergencias obstétricas, pediátricas y neonatales, entre ellas el parto inminente, las hemorragias obstétricas, el embarazo ectópico complicado, la eclampsia y la preeclampsia grave. Además, el criterio médico podrá determinar la existencia de una emergencia cuando una condición represente un peligro inmediato para la vida o para una función orgánica vital.

En cambio, los extranjeros con residencia permanente podrán utilizar el sistema público de salud “en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”. Para acreditar esa situación deberán presentar el DNI correspondiente o, de manera provisoria, la Constancia de Residencia Permanente en Trámite emitida por la Dirección Nacional de Migraciones.

La decisión nacional se suma a medidas similares que ya aplicaron algunas provincias. Salta fue pionera en 2024 y luego se sumaron Santa Cruz, Mendoza y Jujuy, mientras que la Ciudad de Buenos Aires comenzó a implementar el cobro para extranjeros en marzo de 2025. En este punto, el dato de que alrededor del 20% de las prestaciones corresponderían a extranjeros y/o pacientes de otras jurisdicciones debe tomarse con cautela: ese universo no equivale necesariamente al de extranjeros no residentes alcanzados por la nueva normativa.