El oficialismo retiró el proyecto horas después de haberlo enviado al Congreso. La decisión respondió a desacuerdos con bloques aliados por la edad de imputabilidad y dejó en evidencia fallas en la coordinación política.
El Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil que había sido girado al Congreso de la Nación, apenas un día después de su ingreso formal. La determinación quedó confirmada este martes y generó sorpresa en el ámbito parlamentario, donde el oficialismo buscaba acelerar el tratamiento en el recinto de Diputados.
Una de las razones centrales del repliegue estuvo vinculada a la edad de imputabilidad. En el texto enviado se fijó en 13 años, cuando el consenso alcanzado previamente con los partidos aliados la ubicaba en 14, tal como había quedado plasmado en el dictamen trabajado durante 2025. Ese cambio unilateral tensó las negociaciones y obligó al oficialismo a retroceder.
El proyecto retirado fue casi idéntico al que había obtenido dictamen en mayo del año pasado, con una diferencia clave: la incorporación de partidas presupuestarias específicas para garantizar su implementación. La nueva versión asignaba más de 20 mil millones de pesos a la Defensoría General y más de 3 mil millones al Ministerio de Justicia, un punto que no estaba contemplado en el texto original.
En la iniciativa anterior, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que había despertado fuertes críticas y sospechas de que la reforma terminara sin aplicación efectiva. La inclusión de fondos buscó saldar ese cuestionamiento, aunque no alcanzó para evitar el traspié político.
Finalmente, el ingreso fallido del proyecto dejó expuestas las dificultades del oficialismo para ordenar su agenda legislativa y sostener acuerdos básicos en el Congreso de la Nación. Mientras tanto, el debate sobre el régimen penal juvenil volvió a foja cero y quedó a la espera de una nueva estrategia parlamentaria.
