El Gobierno nacional avanzó con la concesión del predio de Tecnópolis y llamó a licitación para transferir su explotación a manos privadas por un período de 25 años. La medida fija un canon mensual inicial de 611 millones de pesos y alcanza a la totalidad del complejo ubicado en Villa Martelli, partido de Vicente López.
La decisión se formalizó mediante la Resolución 98/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que convoca a un Concurso Público de Etapa Múltiple Nacional para el uso y explotación comercial del predio, que cuenta con una superficie de 509.759 metros cuadrados. El procedimiento licitatorio se realizará de manera íntegramente electrónica a través del sistema COMPR.AR.
Según lo establecido en el pliego, el concesionario tendrá a su cargo el desarrollo de actividades recreativas, de esparcimiento y ocio. De manera complementaria, se podrán incorporar propuestas deportivas no competitivas, acciones culturales y otras actividades conexas, bajo un esquema de gestión privada integral.
La concesión tendrá una duración de 300 meses, con la posibilidad de una prórroga única de 12 meses. Además, el adjudicatario deberá tomar posesión del predio a partir del 1 de julio de 2026, respetando los compromisos de programación y los acuerdos público-privados ya asumidos para el año en curso.
Tecnópolis fue concebido como un parque gratuito orientado a la educación, la ciencia, la cultura y el entretenimiento. Desde el inicio de la actual gestión nacional, el espacio permaneció cerrado al público general y fue utilizado para eventos privados bajo la órbita de la Secretaría de Cultura. Con esta resolución, el Estado avanza en la cesión total de su explotación a un operador privado.
La concesión de Tecnópolis marca un nuevo punto de inflexión en la política cultural del Estado. La transferencia de un espacio emblemático de acceso gratuito a manos privadas no solo redefine su función original, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro del derecho a la cultura, la ciencia y el entretenimiento como bienes públicos. En un contexto de ajuste y retracción del rol estatal, la decisión refuerza el debate sobre el impacto social de estas medidas y el riesgo de que un patrimonio colectivo quede subordinado exclusivamente a criterios de rentabilidad.
