Tras la aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados comenzará este miércoles el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, un proyecto impulsado por el oficialismo que busca modificar el alcance de las áreas protegidas y que genera preocupación entre organizaciones ambientalistas.
El debate se iniciará a las 10 en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente y de Asuntos Constitucionales. La primera es presidida por el diputado libertario José Peluc, mientras que la segunda está encabezada por Nicolás Mayoraz.
La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado el 26 de febrero con 40 votos a favor y 31 en contra, forma parte de la estrategia del Gobierno del presidente Javier Milei para impulsar la explotación de recursos vinculada a la minería y a los hidrocarburos.
Qué propone la reforma
El proyecto plantea modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Entre los principales cambios, busca redefinir qué áreas quedan protegidas y cuáles podrían habilitarse para actividades económicas.
La iniciativa propone eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en zonas periglaciares y permitirlas siempre que cuenten con evaluaciones de impacto ambiental favorables. Además, otorgaría a las provincias mayores facultades para decidir qué sectores deben protegerse.
Con la normativa actual, sancionada en 2010, están protegidos tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares, compuestas por suelos congelados, rocas y sedimentos que funcionan como reservas estratégicas de agua.
La reforma mantiene la prohibición de actividades económicas sobre los glaciares, pero habilita la posibilidad de explotación en determinadas áreas periglaciares que no cumplan funciones hídricas comprobables.
Rechazo de sectores ambientales
La iniciativa generó críticas por parte de bloques opositores y organizaciones ambientalistas, que advierten que la modificación podría debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce.
Según estos sectores, permitir actividades extractivas en zonas cercanas a glaciares podría afectar ecosistemas sensibles, la biodiversidad y el abastecimiento de agua en regiones cordilleranas.
El proyecto también contempla la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración y actualización quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, con coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.
