Empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzaron a reducir las frecuencias de sus servicios en medio de una fuerte crisis financiera del sector, marcada por atrasos en el pago de subsidios y el aumento de los costos operativos.
La situación afecta a miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público, en un contexto donde las compañías advierten dificultades para sostener el funcionamiento habitual del sistema. Desde el grupo empresario DOTA señalaron que el esquema actual presenta serias complicaciones para garantizar la continuidad del servicio.
Según plantearon desde el sector, la problemática se profundizó tras la división del sistema en tres jurisdicciones —nacional, provincial y de la Ciudad— implementada en septiembre de 2024, lo que generó descoordinación en la administración de los recursos.
Las empresas sostienen que existen deudas acumuladas correspondientes a los últimos meses, incluyendo pagos pendientes del último tramo de 2025 y del inicio de 2026. Esta situación impacta directamente en la capacidad de afrontar salarios y gastos operativos.
En este contexto, se mantiene latente la posibilidad de un paro de colectivos. Si bien una medida de fuerza prevista fue suspendida momentáneamente, el conflicto continúa abierto y no se descartan nuevas acciones si no se regularizan los pagos.
Otro de los factores que agravan el escenario es el incremento del combustible, uno de los principales insumos del sistema, que registró fuertes subas en los últimos meses y dificultades en el abastecimiento.
La combinación de estos elementos configura un panorama de incertidumbre para el transporte público en el AMBA, con impacto directo en la movilidad cotidiana de los pasajeros.
