La Fundación Mediterránea confirmó que el 21,6% de los ocupados en la Argentina no supera la canasta básica. El mapa de la pobreza laboral se concentra en empleos informales y de baja productividad, con fuertes disparidades regionales. El dato reabre la discusión sobre salarios, formalización y políticas activas.
Uno de cada cinco trabajadores argentinos es pobre: son 4,5 millones de personas sobre un universo de 21 millones, según un informe de la Fundación Mediterránea. La tasa de pobreza por estado ocupacional deja en claro que el empleo, tal como está estructurado hoy, no garantiza ingresos dignos. “La pobreza es, en parte, un reflejo del mercado laboral”, indica el estudio, y entre los desocupados la incidencia trepa al 58,9%.
El trabajo remarca que “lo más preocupante es que tener trabajo tampoco exime de la pobreza, especialmente cuando se trata de ocupaciones precarias o de baja productividad”. Entre los independientes no registrados, el 40,5% es pobre; entre los asalariados informales, el 37,5%. En cambio, los independientes registrados (monotributistas o autónomos) muestran un 12,3% y los asalariados formales un 9,7%. Incluso dentro del empleo formal persisten sectores de baja remuneración, como el servicio doméstico, “donde persisten altos niveles de vulnerabilidad”.
La radiografía expone una fuerte heterogeneidad territorial. La pobreza laboral se concentra en ramas de baja productividad y en provincias donde más de la mitad del empleo es informal: Tucumán (58%), San Juan (57%), Salta (52%), Santiago del Estero (52%) y Formosa (52%). Esas brechas de productividad y de acceso a empleos de calidad explican por qué la recuperación reciente no se traduce en mejoras homogéneas del bienestar.
Para la Fundación Mediterránea, “la clave, entonces, no es solo tener un empleo, sino la calidad de las inserciones laborales”. El informe sostiene que la Argentina necesita generar más puestos de trabajo, pero sobre todo empleos formales y productivos, porque la creación en sectores de baja productividad “no resuelve el núcleo del problema que son los ingresos laborales insuficientes”. En este marco, propone políticas activas de empleo, formación técnica y transición a la formalidad, con incentivos a la contratación y articulación con el sector privado para empujar actividades de mayor valor agregado.
Desde una mirada popular, el diagnóstico pone en primer plano una agenda que el campo nacional y popular sostiene: salarios que le ganen a la inflación, paritarias libres, protección del trabajo registrado y un Estado que empuje industria y valor agregado. El dato es contundente y duele: con empleo no alcanza cuando la economía desalienta la formalidad y achica el poder de compra de quienes ponen el cuerpo todos los días.
