En marzo de este año, el Gobierno nacional decidió dar de baja el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), una política pública reconocida por su impacto concreto: redujo a la mitad la tasa de fecundidad adolescente en solo cinco años de implementación. El cierre del programa, que operaba en 12 provincias y estaba activo desde 2018, generó un amplio rechazo entre especialistas, docentes, trabajadores de la salud y organizaciones sociales.
El Plan ENIA había sido creado en 2017 y puesto en marcha al año siguiente, durante la presidencia de Mauricio Macri, y fue sostenido durante la gestión de Alberto Fernández. Articulaba acciones de educación sexual integral, asesoramiento profesional y acceso a métodos anticonceptivos, especialmente dentro de escuelas secundarias y espacios comunitarios. Contaba con un equipo de más de 600 trabajadores y trabajadoras de campo formados específicamente para acompañar a adolescentes en su derecho a decidir sobre su salud reproductiva.
“El cierre del plan no tiene fundamento técnico. La razón es la ignorancia”, expresó con dureza Silvina Ramos, coordinadora técnica del programa, en declaraciones a radio AM 750. “A lo largo de cinco años, cubrimos a miles de adolescentes con educación sexual, consejerías, acompañamiento y anticonceptivos. Fue una política basada en evidencia, con resultados claros y rendición pública de cada recurso invertido”, agregó.
Ramos también remarcó que el desmantelamiento se inscribe dentro de un avance del prejuicio ideológico en áreas clave como la salud sexual, los derechos reproductivos y las políticas de género. “Entre la motosierra y el prejuicio, empezaron por desarticular una política que había sido ejemplar no solo en el país, sino en toda América Latina”, señaló.
Durante su funcionamiento, el Plan ENIA logró llevar información y atención profesional directamente a adolescentes, muchas veces en contextos de alta vulnerabilidad, y representó un modelo de política pública exitosa en materia de salud preventiva y derechos sexuales.
La decisión del Gobierno de Javier Milei fue una de las primeras medidas adoptadas por el Ministerio de Salud en el inicio de su gestión. Desde entonces, distintas voces alertan por el impacto que esta medida puede tener en los sectores más jóvenes, especialmente en un contexto social donde las oportunidades educativas y laborales también se ven amenazadas.
