Mientras la morosidad alcanza niveles récord y casi 20 millones de personas cargan con alguna deuda, la oposición intenta avanzar con herramientas para aliviar el sobreendeudamiento. Sin embargo, las comisiones controladas por La Libertad Avanza y sus aliados frenan el tratamiento de las iniciativas.

El drama del endeudamiento dejó de ser un problema individual para convertirse en una de las principales consecuencias de la crisis económica. Según los últimos datos del Banco Central, la mora de las familias llegó al 12,8 por ciento, mientras que un informe de Analytica estimó que 19,8 millones de personas tienen al menos una deuda. De ese universo, cerca de 6 millones son morosos y enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones, además del hostigamiento de los acreedores.

En ese contexto, este jueves organizaciones sindicales y movimientos sociales se movilizarán hacia el Ministerio de Economía para reclamar respuestas frente al crecimiento de las deudas familiares. La CGT y las dos CTA acompañarán la protesta, mientras que la central obrera anticipó que profundizará su plan de lucha hasta “cambiar el rumbo del país”. En paralelo, en Diputados se acumulan 28 proyectos vinculados con el problema.

Desde Unión por la Patria trabajan en una propuesta común que permita establecer un mecanismo de representación y mediación para las personas sobreendeudadas. El bloque busca definir si la iniciativa estará destinada a las casi 20 millones de personas que tienen alguna deuda o específicamente a los 6 millones que se encuentran en mora. También analiza distintos tipos de endeudamiento, entre tarjetas bancarias, billeteras virtuales, tarjetas comerciales y créditos irregulares.

La discusión, sin embargo, permanece trabada en las comisiones. Las iniciativas no lograron avanzar por falta de quórum y la oposición acusa a los libertarios y sus aliados de bloquear el tratamiento. Algunas propuestas contemplan garantías parciales, subsidios de tasas y mecanismos para créditos incobrables, aunque el objetivo central, según fuentes parlamentarias, sería establecer “una herramienta de mediación extrajudicial” para revisar la situación de cada deudor. “Este proyecto no implica costo fiscal, no estamos creando tribunales especiales. Vamos al grano para resolver el problema”, explicó el diputado Pablo Juliano.

La oposición también responsabiliza al Gobierno de Javier Milei por el deterioro de los ingresos y la desregulación de las tasas de interés establecida por el DNU 70/2023. Con las comisiones bloqueadas, los bloques opositores buscarán el próximo 26 de agosto un apartamiento del reglamento para poder emplazar los proyectos en las comisiones correspondientes. La pelea parlamentaria vuelve así a poner en discusión una pregunta de fondo: qué respuesta ofrece el Estado frente a millones de familias que ya no logran salir del círculo de la deuda.