El impacto del ajuste económico se reflejó con fuerza en el mercado laboral desde la asunción de Javier Milei. Entre despidos, suspensiones y cierres de empresas, se registraron 629 conflictos laborales en todo el país, con un saldo de cerca de 300 mil trabajadores que perdieron su empleo en los sectores público y privado, según informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborados a partir de datos oficiales.
En el sector público nacional, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, se contabilizaron 61.569 despidos, lo que representa un promedio de 81 cesantías diarias durante dos años consecutivos. A este escenario se sumó el cierre de 17.063 empresas, lo que derivó en la pérdida de 236.845 puestos de trabajo en el ámbito privado.
Las actividades más afectadas fueron la construcción y la industria manufacturera, sectores que sufrieron un fuerte retroceso en 2024 por la paralización de la obra pública y la recesión derivada del recorte del gasto estatal. Ambas ramas aún se mantienen entre un 22% y un 9% por debajo de los niveles promedio de 2023.
El informe también señala que el ajuste no se dio por finalizado y que persiste un clima de incertidumbre laboral, con riesgo de nuevas cesantías. Dentro del sector público, los organismos descentralizados y las empresas estatales concentraron los recortes más significativos. Entre los casos más relevantes se encuentran Correo Argentino, con 5.232 puestos eliminados; Operadora Ferroviaria S.E., con 3.526; y Banco Nación, con 2.128 despidos.
En la Administración Pública Nacional, el organismo con mayor reducción en términos absolutos fue la ARCA, con 3.260 empleos menos, seguido por CONICET (2.080) y ANSES (1.609). En términos proporcionales, el recorte más severo se registró en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64% de su planta, seguido por la Junta de Seguridad en el Transporte (47%) y el INAES (44%).
A nivel territorial, el mapa federal de conflictos laborales elaborado por el CEPA ubica a la provincia de Buenos Aires como la más afectada, con 168 conflictos, en su mayoría vinculados a pymes y ajustes de personal. Le siguen Santa Fe, con 65 casos, y La Rioja, con 52.
El balance general expone un escenario de fuerte contracción del empleo y una conflictividad laboral extendida en todo el país, con consecuencias directas sobre miles de familias y un entramado productivo que continúa debilitándose.
