Entre el 6 y el 13 de julio de 1977, Mar del Plata fue epicentro de uno de los hechos más represivos de la última dictadura militar en Argentina. En apenas una semana, 14 personas fueron secuestradas por fuerzas del Ejército, sin orden judicial y fuera de todo marco legal. La mayoría eran abogados que representaban causas laborales y políticas que incomodaban al régimen de facto.
Este episodio pasó a la historia como “La Noche de las Corbatas” por el perfil de sus víctimas: profesionales del derecho laboral, comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores. Entre ellos estaban Norberto Centeno, autor de la Ley de Contrato de Trabajo, y Jorge Candeloro. Ambos fueron asesinados tras su detención. Otros, como Tomás Fresneda, aún permanecen desaparecidos.
Las acciones se desarrollaron en el centro clandestino conocido como “La Cueva”, ubicado en la Base Aérea de Mar del Plata. La coordinación del operativo se le atribuye al coronel Alberto Pedro Barda y al jefe operativo Alfredo Arrillaga. El lugar funcionó como centro de tortura y desaparición durante todo el período de la dictadura, y este caso se considera uno de los más graves ocurridos en la ciudad.
Las esposas de algunos de los abogados también fueron secuestradas, y en varios casos, estaban embarazadas o con hijos pequeños. El impacto de estas desapariciones dejó una marca profunda en la comunidad marplatense y en el ámbito judicial, ya que varios de los detenidos ejercían activamente en los tribunales de la ciudad.
En 2010, Gregorio Molina fue condenado a prisión perpetua por su responsabilidad en estos crímenes, y la sentencia fue ratificada en 2012. En el mismo juicio, el abogado Carlos Bozzi, sobreviviente del operativo, brindó testimonio sobre su detención y posterior liberación. Desde 2004, cada 6 de julio se conmemora el “Día Nacional del Abogado víctima del terrorismo de Estado”.
En abril de este año, la Corte Suprema cerró definitivamente la posibilidad de juzgar al exjuez Pedro Hooft, acusado de colaborar con el aparato represivo durante los hechos. Hooft fue señalado por haber omitido tramitar habeas corpus presentados por las familias y mantener silencio ante las denuncias de desapariciones. Su sobreseimiento dejó pendiente una de las tantas cuentas abiertas que dejó la dictadura en la justicia argentina.
