La administración de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial ambas normas y, en el mismo acto, las dejó sin ejecución “hasta incluir partidas en el presupuesto”. los gremios universitarios realizaron un paro de 24 horas y anticiparon más medidas.
El Gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial la Ley de Financiamiento Universitario y, tal como había hecho con la Emergencia en Discapacidad, la suspendió en su aplicación. Con el mismo criterio, también publicó y dejó en suspenso la Ley 27.796 de Emergencia Pediátrica, que apuntaba a garantizar el funcionamiento del Hospital Garrahan y de la red de atención infantil en todo el país. La maniobra cumplió con la formalidad constitucional pero evitó la ejecución efectiva de políticas estratégicas para la universidad y la salud pública.
La suspensión de la Ley 27.795 golpea de lleno a las casas de altos estudios: la norma actualizaba por inflación los gastos de funcionamiento y reabría las paritarias del sector. En paralelo, la Ley 27.796 fijaba “asignación prioritaria e inmediata” para bienes, insumos críticos, mantenimiento, medicamentos, tecnologías y personal esencial pediátrico, además de recomponer salarios —incluidos residentes— y permitir reasignaciones del Ministerio de Salud “dentro del ejercicio fiscal vigente”. Nada de eso empezó a regir por la decisión del Ejecutivo.
Frente a este escenario, los gremios que nuclean a docentes y nodocentes realizaron este martes un paro de 24 horas y alertaron que la suspensión de ambas leyes consolidó el desfinanciamiento universitario y el desguace del sistema pediátrico. La medida se inscribió en un conflicto que había escalado tras los vetos presidenciales desestimados por el Congreso, y que ahora abrió una nueva etapa de movilización para defender el salario, el funcionamiento de las universidades y el derecho social a la salud y la educación pública.
