A partir de septiembre, la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) cerrará todas sus oficinas en el Conurbano bonaerense y centralizará la atención al público a través de medios digitales y telefónicos. Esta decisión responde a una disposición del gobierno de Javier Milei y se enmarca dentro de un proceso más amplio de reestructuración de empresas estatales.
La medida de cerrar las oficinas de AySA en el Conurbano se alinea con la Ley Bases, que permite al gobierno nacional avanzar en la privatización de empresas estatales. La gestión de Milei ha comenzado a transformar sociedades del Estado en sociedades anónimas, preparando el terreno para la posible venta de estas entidades en el corto o mediano plazo. Este proceso también incluye la aprobación de balances y una reestructuración de los recursos.
Desde diciembre de 2023, AySA había comenzado a cerrar oficinas en localidades como San Justo, Pilar y Escobar, entre otras. La empresa argumenta que este cambio busca una “modernización en la prestación del servicio”, con un enfoque en la eficiencia a través de herramientas digitales. De acuerdo con AySA, un 94% de la atención ya se realiza por vías digitales o telefónicas, y aseguran que la mayoría de los trámites pueden completarse de manera simple y segura en línea.
Para aquellos usuarios que no tienen acceso a tecnología, AySA ha implementado un plan especial que ofrece atención personalizada por teléfono. Además, se reforzará la atención presencial en el Centro de Atención Unificada (CAU Centro) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A pesar del cierre de las oficinas, la empresa ha afirmado que los turnos ya asignados serán atendidos, aunque no se otorgarán nuevos números para consultas presenciales.
El cierre de las oficinas ha sido criticado por el gobernador Axel Kicillof, quien ha acusado al gobierno nacional de “ahogar a la provincia de Buenos Aires”. Este conflicto subraya las tensiones políticas entre el gobierno central y la administración provincial, exacerbadas por las reformas y recortes implementados en diversas áreas del servicio público.
