Conadu y Conadu Histórica convocan a un paro nacional para reclamar por paritarias y el financiamiento universitario. La medida afectará a todas las universidades públicas del país.
Las federaciones docentes Conadu y Conadu Histórica convocaron a un paro nacional de 72 horas para la próxima semana en todas las universidades públicas del país. La medida de fuerza, que se extenderá desde el miércoles 12 hasta el viernes 14 de noviembre de 2025, tiene como ejes centrales el reclamo por la reapertura de la negociación paritaria y la efectiva implementación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria.
Los sindicatos advirtieron que, de no mediar respuestas del gobierno de Javier Milei, se evaluará la posibilidad de afectar el inicio del ciclo lectivo 2026. La decisión se enmarca en un contexto de deterioro salarial del personal docente y no docente desde diciembre de 2023, sumado a la parálisis de las mesas de diálogo paritarias. El conflicto se mantuvo latente a lo largo de 2025, con diversas medidas de protesta de las casas de estudio.
El paro fue definido por Conadu a través de un plenario de secretarios generales, donde se logró un consenso sobre la necesidad de una medida de alcance federal. El comunicado del gremio señaló que existió un acuerdo unánime para judicializar el reclamo paritario y para condicionar el comienzo del año académico 2026 al avance en la aplicación de la Ley de Financiamiento.
Por su parte, Conadu Histórica había ratificado previamente, el 30 de octubre, la huelga de 72 horas durante una asamblea con 84 delegados. En dicha oportunidad, se confirmó la profundización del plan de lucha en defensa de la universidad pública y de los salarios de los trabajadores docentes y preuniversitarios.
La Ley de Financiamiento Universitario, eje central del reclamo, fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, pero posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Si bien el veto no consiguió los apoyos necesarios para mantenerse, el Poder Ejecutivo promulgó la norma suspendiéndola de hecho, argumentando que el Congreso debe definir las fuentes de financiamiento específicas para su ejecución.
