El reclamo de la Provincia de Buenos Aires por los fondos destinados a las jubilaciones tomó una importante dinámica con el dictamen de la Procuración General de la Nación, que indica que la Corte Suprema debe intervenir como tribunal único en este caso.
La procuradora adjunta Laura Monti señaló que la Provincia de Buenos Aires ha iniciado una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional, buscando la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que ha cesado las transferencias de fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Los montos reclamados por la provincia corresponden a compensaciones por el déficit del régimen jubilatorio bonaerense, que el Estado Nacional se había comprometido a financiar desde fines de 1999. Este compromiso, ratificado por ley, fue mantenido durante varios gobiernos, incluyendo la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, e incluso se profundizó con la ley de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” durante el mandato de Mauricio Macri.
Sin embargo, el gobierno actual, encabezado por Javier Milei, interrumpió estos pagos mediante un DNU, argumentando que ciertos artículos no estaban comprendidos en la prórroga de la normativa previa.
La decisión de la Procuración General de la Nación de involucrar a la Corte Suprema como tribunal único en este asunto marca un paso importante en la resolución de este conflicto entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. Este dictamen destaca la gravedad y la complejidad del caso, que involucra no solo cuestiones legales, sino también intereses financieros y sociales de gran envergadura.
