El Gobierno Nacional oficializó la reglamentación de la reforma al Impuesto a las Ganancias mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 652. Esta medida entra en vigencia a partir del lunes 22 de julio de 2024 y afecta directamente a los trabajadores argentinos con ingresos superiores a ciertos umbrales.
Según lo establecido, los trabajadores solteros que ganen más de 1,8 millones de pesos brutos y los casados que superen los 2,2 millones comenzarán a tributar el impuesto a partir de los sueldos que perciban en agosto. Este ajuste afectará aproximadamente a 800 mil empleados que hasta ahora estaban exentos debido a los ingresos más altos que requerían para pagar el tributo.
El presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, firmaron el decreto que redefine la estructura del Impuesto a las Ganancias. La reposición de la cuarta categoría, que incluye aspectos como las horas extras y el aguinaldo en el cálculo del gravamen, representa un 0,4% del Producto Bruto Interno y busca mantener el déficit fiscal del país.
Una de las modificaciones más significativas es la eliminación de la alícuota diferencial para los trabajadores de la Patagonia, que estaba vigente anteriormente. Además, se ajustará el mínimo no imponible anualmente a partir del próximo año, basado en el índice de precios al consumidor publicado por el INDEC.
El decreto también aborda la deducción de gastos como hijos, cónyuge, alquileres, prepaga y seguro de vida, así como la implementación del impuesto sobre el aguinaldo, detallando cómo deben aplicar los agentes de retención estas deducciones mensuales.
Otro punto relevante es la inclusión del concepto de “personal de pozo” en la industria petrolera y gasífera, excluyendo a personal administrativo y directivo de los beneficios impositivos aplicables a trabajadores operativos.
En resumen, con la entrada en vigor del DNU 652, se inicia un nuevo régimen de Impuesto a las Ganancias que busca equilibrar la carga impositiva y asegurar una recaudación más eficiente para el Estado argentino.
