Un informe de Proyecto Mirar registró 87.603 interrupciones del embarazo en el sistema público de 20 provincias y destacó el rol de las jurisdicciones en la continuidad de la atención.
El acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE) se sostuvo durante 2025 en distintas provincias argentinas, pese a la reducción de recursos destinados por el Estado nacional a las políticas de salud sexual y reproductiva.
El dato surge del informe anual “El reto de sostener el aborto legal en Argentina”, elaborado por Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health. De acuerdo con el relevamiento, basado en pedidos de acceso a la información pública, durante 2025 se realizaron 87.603 interrupciones del embarazo en el sector público de 20 provincias.
La cifra se mantuvo en niveles similares a las mediciones anteriores. La tasa registrada fue de 7,45 interrupciones por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, frente a 7,49 en 2023.
La mayor cantidad de intervenciones se concentró en la provincia de Buenos Aires, con 41.446 casos; Córdoba, con 9.341; y la Ciudad de Buenos Aires, con 9.458. En conjunto, las tres jurisdicciones representaron el 72% de las interrupciones informadas.
Las provincias asumieron parte del financiamiento
El reporte señala que entre 2023 y 2026 el presupuesto del programa nacional de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable se redujo un 57%. También señala una caída en la cobertura de la población alcanzada por la compra de anticonceptivos: de más de 1,2 millones de personas en 2024 a unas 63.000 estimadas para 2026.
En este contexto, 13 provincias comenzaron a adquirir con fondos propios medicamentos e insumos necesarios para garantizar la atención, entre ellas Buenos Aires, Córdoba no figura en esta lista, y también Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Entre los insumos mencionados se encuentran mifepristona y misoprostol, utilizados para la interrupción del embarazo con medicamentos.
La mayoría de las atenciones se realizan en el primer nivel
Según el informe, la red pública cuenta actualmente con 1.846 establecimientos que garantizan atención de IVE/ILE, una cantidad similar a la registrada en 2023, cuando eran 1.862.
El 70% corresponde al primer nivel de atención, mientras que el 90% de las interrupciones se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación. La mayoría de los procedimientos se efectúa mediante tratamiento farmacológico.
El reporte también destaca que Mendoza, Neuquén, Jujuy, San Luis y la provincia de Buenos Aires habilitaron la prescripción de misoprostol y mifepristona por parte de profesionales de obstetricia, una medida orientada a ampliar el acceso en zonas rurales y semiurbanas.
La Ley 27.610 continúa vigente
Desde la sanción de la Ley 27.610, en diciembre de 2020, se presentaron 75 proyectos normativos y se iniciaron 38 causas judiciales vinculadas con la norma, según el informe. De esas causas, 35 fueron rechazadas definitivamente y tres permanecen en trámite ante la Corte Suprema.
En paralelo, el documento analiza la evolución de distintos indicadores de salud. Entre ellos, señala que las muertes maternas vinculadas específicamente con abortos se redujeron a la mitad al comparar el período posterior a la sanción de la ley con el trienio anterior.
El informe también aborda la caída de la fecundidad registrada durante la última década, con una disminución del 69% entre niñas de 10 a 14 años y del 70% entre adolescentes de 15 a 19 años.
El relevamiento concluye que, pese a la reducción del financiamiento nacional, la cantidad de interrupciones realizadas en el sistema público y el número de establecimientos que brindan atención se mantuvieron durante el período analizado.
