El país deberá pagar más de USD 13.400 millones en intereses al Fondo Monetario Internacional entre 2026 y 2030. La mayor carga se concentra en los próximos tres años y extiende el ajuste mucho más allá del actual gobierno.
La Argentina enfrentará en los próximos cinco años un pesado cronograma de pagos de intereses al Fondo Monetario Internacional que ronda los USD 13.500 millones, según cifras oficiales del propio organismo. Entre 2026 y 2030, el monto total a cancelar asciende a USD 13.432 millones, una carga que compromete seriamente las cuentas públicas y excede largamente el mandato del presidente Javier Milei.
El dato cobra mayor relevancia si se lo compara con el período anterior: entre 2018 y fines de 2025, los intereses pagados al Fondo sumaron USD 14.773 millones. Es decir, en apenas cinco años se concentrará casi el mismo peso financiero que en los siete años transcurridos desde la firma del acuerdo original. Además, el mayor impacto se dará entre 2026 y 2028, cuando se acumulan los vencimientos más elevados.
Durante 2026, los compromisos de capital e intereses alcanzan unos USD 4.400 millones, que el Gobierno prevé cubrir con los desembolsos aún pendientes del crédito por USD 20.000 millones acordado en abril de 2025. El próximo pago relevante se produce el 1 de febrero, con un vencimiento cercano a los USD 830 millones solo en intereses, una cifra que vuelve a tensionar la disponibilidad de divisas.
La deuda con el Fondo tiene su origen en el préstamo extraordinario otorgado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, luego renegociado durante el gobierno de Alberto Fernández y ampliado en la actual administración. Al 31 de diciembre de 2025, el stock de deuda con el FMI ascendía a USD 57.100 millones, de acuerdo a datos oficiales del Banco Central.
Si bien la carga de intereses podría reducirse gradualmente en un escenario sin nuevos créditos, la posibilidad de que el Fondo complete los desembolsos pendientes por más de USD 5.000 millones abre la puerta a un nuevo incremento del endeudamiento. De concretarse, la Argentina no solo extendería los plazos de pago, sino que profundizaría una dinámica de dependencia financiera que condiciona el desarrollo económico y social del país a largo plazo.
