Trás la media sación del proyecto de Ley Bases, la atención política se centra ahora en el Senado, donde el paquete impulsado por el presidente Javier Milei, busca obtener la aprobación necesaria tras haber conseguido la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.
La vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria general de la Casa Rosada, Karina Milei, se reunieron para trazar estrategias respecto al futuro de esta legislación. Con 33 votos en contra provenientes del bloque de Unión por la Patria de las 72 bancas del Senado, Villarruel enfrenta el desafío de consolidar los 39 votos que aseguraron su elección como titular de la Cámara alta.
La ausencia de Villarruel en las negociaciones públicas, al igual que en el primer intento de media sanción en Diputados, destaca el rol del ministro del Interior, Guillermo Francos, en las conversaciones con las fuerzas minoritarias. Sin embargo, se ha informado que Villarruel mantuvo encuentros con senadores de fuerzas opositoras dialoguistas, como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), aunque no se han dado detalles sobre los resultados de dichas conversaciones.
Se espera que la Ley Bases, junto al paquete fiscal, ingrese al Senado la próxima semana con el objetivo de cerrar el trámite antes del Pacto de Mayo. Para ello, se abrirán las comisiones de debate correspondientes y se buscará el dictamen para la semana siguiente, coincidiendo con el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 9 de mayo.
El debate en el Senado podría extenderse hasta la semana del 25 de mayo, a menos de diez días de la fecha. Sin embargo, esta agenda podría chocar con la primera exposición del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ante los parlamentarios de la Cámara alta.
La Ley Bases, en su versión actual, preserva de manera polémica herramientas fundamentales para los objetivos del Gobierno, incluyendo la declaración de la emergencia pública en varias áreas, la facultad para reorganizar organismos estatales, una reforma laboral orientada a flexibilizar las condiciones de contratación y un ambicioso régimen de incentivos a grandes inversiones. Además, contempla la privatización de varias empresas estatales, entre otras medidas fiscales y económicas.
