martes 17 marzo, 2026

CINE.AR regresa al ámbito del INCAA tras anulación oficial, en una medida que el Ejecutivo plantea como transitoria

El Gobierno nacional ha impulsado una serie de iniciativas que reconfiguran el sector cinematográfico. Estas incluyen la presentación de un proyecto para modificar la ley de cine vigente y un debate público sobre los criterios de financiación del INCAA. En este contexto, también se dispuso un cambio en la gestión de las plataformas CINE.AR y CINE.AR Play, las cuales, si bien continúan bajo la órbita del instituto, son objeto de la intención oficial de transferir su administración al sector privado.

Mediante el Decreto 821/2025, el Poder Ejecutivo anuló el traspaso de las plataformas CINE.AR a la extinta Secretaría de Comunicación y Medios, reintegrándolas formalmente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). No obstante, esta medida no implica la continuidad de su gestión estatal, ya que el organismo confirmó el plan de licitar su administración al sector privado. Carlos Pirovano, presidente del INCAA, señaló que la señal televisiva CINE.AR será subastada en abril de 2026, fundamentando que “los medios no deberían ser manejados por el Estado”.

Respecto a la plataforma de streaming CINE.AR Play, que ofrece un catálogo gratuito de estrenos y películas nacionales, también está incluida en el proceso de transferencia a privados. Desde el INCAA indicaron que cualquier futuro administrador deberá asumir un compromiso expreso de asegurar la continuidad del servicio, garantizando el acceso a los contenidos audiovisuales del instituto. El objetivo declarado es que estas herramientas, actualmente libres de publicidad y costo para el usuario, logren un mayor desarrollo bajo una gestión privada.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su oposición a este plan. El sindicato afirmó que la decisión equivale a “condenar [al canal] a su desaparición tal como lo conocemos”. ATE argumentó que cualquier empresa que se haga cargo de la operación deberá generar ingresos, lo que pone en riesgo la gratuidad y la ausencia de publicidad que caracterizan al servicio, condiciones que fueron esenciales en los acuerdos de cesión de derechos con los productores y realizadores.

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