El director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, confirmó que la señal CineAr TV y la plataforma CineAr Play se subastarán en los próximos días. El INCAA habilitó el proceso tras revertir el decreto que trasladaba el servicio al área de Comunicación. El sector denuncia que el Gobierno entrega la única vía gratuita para acceder al cine nacional.
Luego de que el Gobierno diera marcha atrás con el traspaso de CineAr a la órbita de Manuel Adorni mediante el Decreto 821/25, el director del INCAA, Carlos Pirovano, avanzó con el plan para privatizar la señal y la plataforma pública del cine argentino. El funcionario ratificó que el proceso de subasta se abrirá en los próximos días y apuntará a adjudicar ambos servicios en abril de 2026.
Desde la intervención libertaria, el organismo quedó completamente reconfigurado. Pirovano recordó que la reestructuración buscó “reducir gastos por alrededor de US$1 millón anual” y obtener ingresos por derechos de exhibición, mientras el INCAA pasó de 770 empleados a unos 200 y el equipo de CineAr se redujo de 50 a apenas 10 trabajadores. Con el regreso formal de la señal al instituto, la conducción quedó habilitada para redactar los pliegos y activar la licitación.
La industria audiovisual volvió a expresar su alarma: en septiembre había denunciado que el Gobierno avanzaba con el cierre y la privatización de “la única vía gratuita para acceder al cine nacional”. Los números acompañan la preocupación: los largometrajes producidos bajaron de 241 en 2023 a poco más de 200 este año, mientras entre las 205 películas estrenadas en 2025, 50 no recibieron apoyo estatal y solo 14 se realizaron bajo la nueva normativa.
Pirovano detalló que la subasta tendrá dos etapas: una primera instancia de acreditación técnica para los interesados y una segunda para definir al “ganador”, que deberá garantizar la continuidad de la señal y absorber al personal hoy desvinculado del INCAA. El proceso contempla la venta de la marca CineAr, no de sus contenidos, y mantiene el esquema de incorporación de obras según la clasificación y el vínculo con el organismo.
Pese a esto, el propio interventor admitió que el futuro del acceso gratuito dependerá de la empresa adjudicataria. “Es una buena política pública que exista un canal de cine nacional, pero no creemos que deba operarlo el Estado”, sostuvo, dejando en claro el rumbo privatizador que ya disparó un fuerte rechazo en todo el sector cultural.
