El Gobierno modificó por decreto las condiciones del régimen de grandes inversiones y permitirá que empresas controladas por capitales extranjeros sean consideradas proveedoras locales. La decisión genera preocupación por la competencia que deberán enfrentar las pequeñas y medianas industrias nacionales.
El Gobierno de Javier Milei introdujo una modificación en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que abre un nuevo frente de discusión sobre el futuro de la industria argentina. Mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que las compañías constituidas y domiciliadas en el país podrán ser reconocidas como proveedoras locales sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni el origen de su capital. La medida amplía las posibilidades de participación de empresas extranjeras en los grandes proyectos de inversión y plantea nuevos desafíos para las pymes nacionales.
La decisión, firmada por Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, modifica la reglamentación de la Ley Bases y redefine uno de los aspectos centrales del régimen. Con las nuevas condiciones, una compañía controlada íntegramente por capitales extranjeros podrá recibir el mismo reconocimiento como proveedora local que una pyme de capital argentino, siempre que cumpla con los requisitos de constitución y radicación en el país. Para el suministro de bienes, no obstante, continuará vigente el criterio de origen nacional establecido por el Mercosur.
Desde la Casa Rosada argumentaron que la modificación busca ampliar la participación de empresas radicadas en la Argentina en las cadenas de suministro vinculadas con grandes inversiones. Sin embargo, la decisión plantea interrogantes sobre las oportunidades concretas que tendrán las pequeñas y medianas empresas para competir con grandes grupos internacionales. La diferencia de escala, capacidad financiera y acceso a tecnología puede convertirse en una desventaja para los proveedores nacionales si no existen mecanismos complementarios que promuevan su participación.
El decreto también flexibiliza las condiciones para la compraventa de acciones, la incorporación de nuevos socios y las reorganizaciones societarias de las empresas adheridas al RIGI. Estas operaciones podrán realizarse sin perder los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del régimen, siempre que se respeten los procedimientos establecidos. Además, se introducen modificaciones en los plazos de inversión de los proyectos de exportación estratégica y en las condiciones de acceso al mercado de cambios, con la posibilidad de computar aportes y financiamiento externo de accionistas y casas matrices.
Con esta nueva reforma, el Gobierno profundiza su política de incentivos para grandes inversiones mientras se mantiene abierto el debate sobre su impacto en el entramado productivo argentino. La cuestión central será determinar si los proyectos impulsados por el RIGI generan oportunidades efectivas para las pymes, empleo y desarrollo industrial o si la ampliación de las condiciones de participación termina favoreciendo principalmente a compañías de mayor escala y respaldo financiero internacional.

