El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el tramo del Decreto 759/2025 que suspendía la ejecución de la norma y dispuso que el Gobierno avance con las medidas necesarias para garantizar los fondos a las universidades nacionales.
La Justicia federal declaró inconstitucional parte del Decreto 759/2025, utilizado por el gobierno de Javier Milei para condicionar la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir la norma de manera inmediata. La resolución fue dictada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick.
El magistrado hizo lugar a los amparos impulsados por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Universidad de Buenos Aires y otras universidades nacionales. En su fallo, sostuvo que el decreto funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” al suspender una ley que el Congreso había ratificado después del veto presidencial.
El Ejecutivo había justificado la suspensión con el argumento de que no estaban definidas las fuentes específicas para afrontar el gasto. Sin embargo, Cormick remarcó que la propia Ley de Financiamiento Universitario establece en su artículo 9° pautas para financiar las erogaciones previstas y consideró que el decreto “no supera un test mínimo de razonabilidad”.
El fallo también señaló que, una vez que ambas cámaras insistieron con la sanción por las mayorías agravadas previstas en la Constitución, el Poder Ejecutivo no podía introducir una nueva instancia de suspensión. Para la Justicia, esa decisión produjo en los hechos un nuevo veto, una herramienta que la Constitución no contempla después de la insistencia parlamentaria.
La sentencia ordenó al Gobierno dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para hacer efectiva la ley. La decisión representó un nuevo límite judicial a la estrategia oficial para frenar normas con impacto presupuestario aprobadas por el Congreso y volvió a colocar el conflicto por el financiamiento universitario en el centro de la disputa política.
