A pocas horas del tratamiento de la reforma de la Ley de Tierras en el Senado, el oficialismo enfrenta un escenario de creciente incertidumbre. La Libertad Avanza aún no logró asegurar los apoyos necesarios para aprobar el capítulo que flexibiliza la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y varios aliados comenzaron a tomar distancia del proyecto.
La principal preocupación de la Casa Rosada está puesta en la Unión Cívica Radical, cuyos votos podrían definir el resultado de la sesión. Aunque el Gobierno incorporó cambios al texto original, como elevar el límite de extranjerización al 25% por provincia y permitir que las provincias puedan vetar determinadas inversiones, varios senadores radicales mantienen su postura en suspenso. Mientras el catamarqueño Flavio Fama confirmó que votará en contra, referentes como Maximiliano Abad y Edith Terenzi todavía no expresaron públicamente su decisión definitiva.
Las dificultades para el oficialismo también se multiplican en otros bloques provinciales. El pampeano Daniel Kroneberger anunció su rechazo a la iniciativa y su comprovinciana Victoria Huala aún no definió su voto. En Neuquén, las declaraciones del gobernador Rolando Figueroa contra la extranjerización de las tierras abrieron interrogantes sobre la postura de Julieta Corroza. En Misiones, Carlos Arce confirmó que rechazará el proyecto y Sonia Rojas Decut también tomó distancia del oficialismo. A ellos se suman las incógnitas en torno a José Carambia y Natalia Gadano, de Santa Cruz, cuyas bancas aparecen como decisivas en una votación ajustada.
El Gobierno también recibió una señal adversa desde Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo aseguró que las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza le manifestaron que no acompañarán la reforma, pese a que él se mostró favorable a promover inversiones. Frente a este panorama, el oficialismo intensificó las negociaciones de último momento con legisladores de distintos espacios, entre ellos Carolina Losada, Eduardo Galaretto, Eduardo Vischi, Carlos Espínola y Flavia Royón, con el objetivo de evitar una derrota en uno de los proyectos más sensibles de su agenda legislativa.
La reforma busca modificar la Ley 26.737, sancionada en 2011, que limita al 15% la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal, además de establecer restricciones en zonas de frontera y áreas estratégicas. El proyecto impulsado por el Gobierno flexibiliza parte de esas condiciones con el argumento de atraer inversiones, mientras la oposición y distintos gobernadores advierten que podría favorecer una mayor concentración de tierras y recursos naturales en manos extranjeras.
QUÉ ES LA LEY DE TIERRAS
La Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) es una norma sancionada en 2011 que regula la compra y tenencia de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Su objetivo es preservar la soberanía sobre el territorio y evitar una concentración excesiva de tierras y recursos estratégicos en manos de capitales extranjeros.
La legislación vigente establece tres restricciones principales como el hecho de que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento o municipio. Una misma nacionalidad no puede superar el 30% de ese 15%. Además, existen límites para la adquisición de grandes extensiones de tierra y restricciones en zonas consideradas estratégicas, como áreas de frontera y terrenos vinculados a recursos naturales sensibles.
¿Qué propone el Gobierno?
La Libertad Avanza impulsa una reforma para flexibilizar esas restricciones con el argumento de atraer inversiones y facilitar el desarrollo productivo.
Entre los cambios más relevantes figuran:
– Flexibilizar restricciones para la compra de tierras cercanas a cuerpos de agua y en determinadas zonas de frontera, aunque el proyecto mantiene prohibiciones para Estados extranjeros y controles sobre algunas operaciones consideradas sensibles.
– Elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras por provincia.
– Eliminar el límite que hoy rige por departamento o municipio, dejando únicamente el tope provincial.
– Eliminar el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.
