El Senado tratará este jueves la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto impulsado por el oficialismo que propone modificar el régimen de tierras rurales, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. La iniciativa despertó un fuerte rechazo de la oposición, que advierte sobre un posible avance en la extranjerización de tierras y una reducción de los controles sobre recursos estratégicos.
Uno de los puntos centrales de la reforma plantea derogar los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La legislación actual establece que ese sector no puede superar el 15% de la superficie rural nacional, mientras que el proyecto elimina esa restricción, incluso en zonas de alto valor productivo, hídrico o ubicadas en áreas fronterizas.
La iniciativa también modifica el régimen de expropiaciones al restringir el concepto de utilidad pública, elevar las compensaciones económicas y crear un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles que agiliza los desalojos antes de que exista una sentencia definitiva. Además, propone cambios en la Ley de Manejo del Fuego al eliminar las restricciones que impiden cambiar el destino de tierras afectadas por incendios, una medida que, según sectores ambientales y sociales, podría favorecer emprendimientos privados sobre superficies incendiadas.
Desde Unión por la Patria adelantaron que intentarán frenar la aprobación del proyecto al considerar que compromete la soberanía sobre los recursos naturales y favorece la concentración de tierras. En paralelo, el oficialismo busca reunir el respaldo de bloques dialoguistas y provinciales para convertir la iniciativa en ley.
Durante la misma sesión, la Cámara alta también debatirá 36 pliegos judiciales. Entre ellos figura el del camarista laboral Víctor Pesino, quien requiere un nuevo acuerdo del Senado para permanecer otros cinco años en su cargo luego de cumplir 75 años. El magistrado quedó en el centro de la escena tras revocar la cautelar que había suspendido parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
