El sistema de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa un fuerte deterioro, con menos unidades en circulación, recortes en las frecuencias y un boleto que acumula aumentos muy por encima de los últimos años.
Largas filas en las paradas y demoras cada vez más extensas reflejan la situación crítica del transporte público en el AMBA, a pocos días de una nueva suba del boleto del 5,4%, que llevó la tarifa mínima a $753,74.
Según denuncian las cámaras empresarias, el sector está al borde de ser declarado en emergencia debido a la falta de respuestas del Estado nacional frente al aumento de los costos operativos, especialmente el precio del gasoil. Además, aseguran que la deuda en subsidios supera los 128 mil millones de pesos.
Como consecuencia, el servicio se redujo de manera significativa: hay menos colectivos en circulación, mayor saturación y viajes más largos para los usuarios.
El conflicto también se refleja en medidas de fuerza puntuales. Este martes, algunas líneas como las 707, 333, 407 y 437 —operadas por la empresa Micro Ómnibus General San Martín— no prestaron servicio en la zona norte del conurbano en reclamo por salarios adeudados.
Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires revela que la cantidad de colectivos en circulación viene cayendo de forma sostenida: de 19.348 unidades en 2019 se pasó a 16.989 en marzo de 2026, una reducción cercana al 12%.
En paralelo, el boleto mínimo registró un incremento superior al 1200%, incluso en un contexto donde los subsidios continúan, aunque con recortes y demoras.
Especialistas advierten que el sistema enfrenta problemas estructurales. La administración de subsidios —dividida entre Nación, Provincia y Ciudad— genera desajustes que afectan la eficiencia del servicio. Además, el aumento del combustible y la acumulación de deudas profundizan el desequilibrio financiero.
Ante este escenario, las empresas adoptaron medidas progresivas: primero postergaron la renovación de flota y luego redujeron la cantidad de unidades activas. Esto deriva en colectivos más antiguos, con más fallas y menor capacidad operativa.
La situación se agravó en las últimas semanas, con recortes de hasta el 40% en las frecuencias y líneas funcionando al 70% de su capacidad habitual.
El panorama se volvió aún más tenso tras el paro impulsado por la Unión Tranviarios Automotor a comienzos de abril, en reclamo por salarios, lo que afectó el servicio en todo el AMBA.
Aunque el Gobierno realizó adelantos parciales de subsidios, la normalización es dispar y depende de la situación financiera de cada empresa.
De no mediar soluciones de fondo, el diagnóstico es claro: menos colectivos, tarifas más altas y un servicio cada vez más deficiente, con impacto directo en millones de usuarios que dependen del transporte público a diario.
