El bloque oficialista de La Libertad Avanza definió el mecanismo de participación para las audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares, que se realizarán el 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. La decisión establece que solo alrededor de 200 personas podrán exponer de manera presencial o virtual, pese a que hay cerca de 50 mil inscriptos para participar del debate.
Según se resolvió en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, cerca de 100 oradores podrán intervenir de forma presencial durante la primera jornada, mientras que otros 100 lo harán por Zoom en la segunda. El resto de los participantes deberá enviar su postura por escrito o mediante un video de hasta cinco minutos que será incorporado al expediente legislativo.
La decisión generó cuestionamientos por parte de bloques opositores, entre ellos el peronismo, la izquierda y el espacio Provincias Unidas, que habían solicitado extender la cantidad de días de las audiencias para permitir una mayor participación. Sin embargo, el oficialismo mantuvo el cronograma originalmente fijado.
La resolución fue firmada por los presidentes de las comisiones involucradas, José Peluc, titular de Recursos Naturales, y Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales. Allí se establece que podrán exponer quienes se encuentren entre los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones del país, con el objetivo de garantizar representación federal.
De acuerdo con el documento, las exposiciones presenciales se realizarán el 25 de marzo, mientras que las intervenciones virtuales tendrán lugar el 26 de marzo. Quienes no queden seleccionados entre los oradores podrán enviar sus presentaciones antes del 20 de marzo a las 20, ya sea en formato escrito o audiovisual.
Desde el oficialismo argumentaron que la medida responde a la gran cantidad de inscripciones registradas, lo que vuelve “materialmente imposible” que todos los interesados expongan dentro de un plazo razonable sin afectar el funcionamiento habitual del Congreso.
Las opiniones recibidas —presenciales, virtuales, escritas o en video— serán incorporadas al expediente como antecedentes para el tratamiento del proyecto de reforma de la ley, que impulsa cambios en la normativa vigente y genera fuerte debate en torno al impacto ambiental y al desarrollo de inversiones mineras en el país.
