El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Milei avanza hacia su instancia final en el Congreso, luego de haber sido aprobado en la Cámara de Diputados con modificaciones que obligan a que el texto regrese al Senado para su definición. La Cámara alta deberá ahora aceptar los cambios o insistir con su versión original, en una votación clave que podría convertir la iniciativa en ley antes de fin de mes.
La propuesta obtuvo media sanción en el Senado a comienzos de febrero, con 42 votos afirmativos y 30 negativos. Posteriormente, Diputados aprobó el proyecto con 135 votos a favor y 115 en contra, pero introdujo cambios en el articulado, especialmente en el apartado vinculado a las licencias por enfermedad y accidentes no laborales. Esta modificación eliminó la posibilidad de reducir el salario al 50% en esos casos, lo que obligó a devolver el expediente a la Cámara alta.
El Senado, ante dos caminos posibles
El Senado deberá ahora pronunciarse sobre el texto aprobado por Diputados. Si acepta las modificaciones, la reforma laboral quedará sancionada de forma definitiva y se convertirá en ley. En cambio, si decide insistir con la redacción original, necesitará reunir una mayoría igual o superior a la obtenida previamente, un escenario que presenta mayores dificultades políticas.
El tratamiento comenzará en comisiones y podría derivar en una sesión en el recinto hacia el viernes 27 de febrero, fecha en la que el oficialismo buscará consolidar las mayorías necesarias para aprobar la iniciativa.
Los cambios que redefinieron el proyecto
Uno de los puntos centrales del debate fue la eliminación del artículo que establecía la reducción del salario en casos de enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo. Este apartado había sido incorporado en el Senado, pero fue removido durante el tratamiento en Diputados, lo que generó la necesidad de una nueva revisión legislativa.
Además de este cambio, el proyecto introduce modificaciones estructurales en el sistema laboral argentino. Entre las principales medidas, se incluye la creación de un sistema de “banco de horas”, que permite compensar jornadas laborales más extensas con días de descanso en lugar de pagar horas extras.
También se establece un nuevo esquema de indemnizaciones, con actualizaciones atadas a la inflación y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral financiado por aportes de trabajadores y empleadores, destinado a cubrir desvinculaciones.
La iniciativa contempla, además, incentivos fiscales para promover la formalización del empleo, nuevas regulaciones para el trabajo en plataformas digitales y la posibilidad de fraccionar las vacaciones en períodos mínimos de siete días.
Otro aspecto relevante es la ampliación de la categoría de servicios esenciales, que incluye sectores como telecomunicaciones, educación, salud, transporte y servicios aduaneros, los cuales deberán garantizar un funcionamiento mínimo durante medidas de fuerza.
Un debate que también se traslada al plano social
El avance legislativo de la reforma se da en un contexto de fuerte debate político y social. En las últimas semanas, se realizaron movilizaciones y medidas de protesta impulsadas por sectores sindicales que rechazan la iniciativa y advierten sobre sus posibles consecuencias en las condiciones laborales.
En este contexto, es probable que para el viernes 27, cuando se trate en el recinto de los senadores, la CGT determine un nuevo paro general tal como lo hizo el jueves pasado.
