A doce meses de la promoción presidencial del criptoactivo que terminó en un derrumbe millonario, la investigación judicial avanza sin definiciones y el jefe de Estado sigue sin ofrecer explicaciones convincentes. Más de 114 mil billeteras virtuales registraron pérdidas mientras un puñado de operadores se retiró con ganancias extraordinarias.
El 14 de febrero de 2025, desde su cuenta en X, Javier Milei difundió el proyecto vinculado al token $Libra con un mensaje que celebraba que “La Argentina liberal crece!!!”. La publicación incluía un enlace y el código para acceder al contrato digital del activo, creado apenas minutos antes. La cotización se disparó en cuestión de horas y luego se desplomó, dejando un tendal de damnificados. Según un informe del Congreso, 114.410 billeteras sufrieron pérdidas, mientras 36 obtuvieron ganancias superiores al millón de dólares cada una.
Detrás de la maniobra apareció el estadounidense Hayden Davis, CEO de la firma que desarrolló $Libra y quien, de acuerdo con revelaciones periodísticas, había firmado días antes un acuerdo confidencial con el Presidente como asesor en materia cripto. Davis llegó a jactarse en chats privados de su influencia sobre el mandatario. Milei eliminó el posteo horas después y alegó que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”, argumento que precipitó el derrumbe final del token.
En la Argentina, la causa judicial quedó en manos del fiscal Eduardo Taiano y del juez Marcelo Martínez de Giorgi. La investigación avanzó con lentitud y todavía no hubo llamados a indagatoria. También quedaron bajo la lupa Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y empresarios vinculados al lanzamiento. Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica señalaron que existen elementos para analizar posibles “negociaciones incompatibles con la función pública”, aunque el proceso no mostró avances sustanciales.
Las iniciativas impulsadas por el propio Gobierno tampoco aportaron claridad. La Oficina Anticorrupción concluyó que el mandatario “no infringió la Ley de Ética Pública” y consideró su mensaje como un “acto de comunicación individual o privado”. En paralelo, una comisión investigadora del Congreso sostuvo que Milei “habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra” utilizando su “investidura presidencial”. Un año después, el escándalo $Libra continúa sin respuestas firmes y refuerza la percepción de que el poder libertario goza de una llamativa protección institucional.
