El Gobierno nacional solicitó el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil apenas un día después de haberlo presentado en el Congreso, en medio de diferencias internas y falta de acuerdos con los bloques aliados. La decisión dejó en evidencia problemas de coordinación política dentro del oficialismo y sumó un nuevo episodio de tensión en la agenda legislativa.
Uno de los principales puntos de conflicto estuvo vinculado a la edad de imputabilidad establecida en el dictamen enviado al Parlamento. El texto fijaba ese límite en los 13 años, una definición que no coincidía con el consenso previo alcanzado con sectores aliados, que proponían mantenerla en 14, tal como figuraba en el proyecto que había obtenido dictamen en mayo del año pasado. Ese cambio generó un rechazo inmediato y aceleró la decisión de retirar la iniciativa.
El proyecto apuntaba a crear un nuevo régimen penal juvenil y, en términos generales, retomaba la estructura de la propuesta discutida durante 2025, aunque incorporaba modificaciones consideradas relevantes por el Ejecutivo. Entre ellas, se incluía la asignación específica de partidas presupuestarias para garantizar la aplicación de la norma.
En ese sentido, el texto contemplaba una inversión superior a los 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia. En la versión anterior, el financiamiento quedaba sujeto a la decisión de la Jefatura de Gabinete, lo que había generado cuestionamientos sobre la viabilidad real de la reforma.
A pesar de estos cambios, la falta de consenso político y las diferencias en torno a puntos clave del proyecto llevaron al Gobierno a retroceder y retirar la propuesta, dejando en suspenso el debate sobre la reforma del régimen penal juvenil.
