La actualización parcial de los impuestos a los combustibles impacta desde enero en los surtidores y deja programado un nuevo aumento para febrero. La decisión del Ejecutivo vuelve a presionar sobre el bolsillo en un contexto de caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo.
El Gobierno nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles que rige durante enero y que tiene impacto directo en los precios en surtidor. La medida se instrumentó a través del Decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial, y estableció además que el resto del ajuste pendiente se difiera para febrero, prolongando la presión impositiva sobre naftas y gasoil.
La normativa fijó nuevos montos para los impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026. En el caso de la nafta sin plomo y la nafta virgen, el impuesto a los combustibles líquidos pasó a $17,291 por litro y el tributo al dióxido de carbono a $1,059, consolidando una nueva suba frente a los valores de diciembre.
Para el gasoil, el incremento llevó el impuesto a los combustibles líquidos a $14,390 por litro, mientras que el tratamiento diferencial para algunas regiones ascendió a $7,792 y el impuesto al dióxido de carbono a $1,640. El ajuste rige en todo el país, con un esquema diferenciado para provincias patagónicas, el Partido de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.
El decreto también estableció que los incrementos remanentes correspondientes a las actualizaciones de 2024 y de los primeros tres trimestres de 2025 no se aplicaran plenamente en enero y quedaran postergados para febrero. En el texto oficial, el Ejecutivo argumentó que la decisión buscó “estimular el crecimiento de la economía”, aunque en los hechos implicó un nuevo desdoblamiento de aumentos que se trasladan de manera directa a los precios finales.
De esta manera, la administración de Javier Milei sostuvo una política de subas impositivas escalonadas sobre los combustibles que volvió a golpear el consumo y la actividad, mientras el Estado nacional profundizó su estrategia fiscal a costa de los ingresos de trabajadores y trabajadoras en el inicio de un 2026 marcado por nuevas tarifas.
