El Senado de la provincia de Buenos Aires sancionó el Presupuesto para el año 2026 junto a la Ley Fiscal Impositiva, definiendo el marco financiero del próximo período. El paquete legislativo, que autoriza una inversión total que supera los 43 billones de pesos, tiene como uno de sus puntos centrales una rebaja nominal en el impuesto automotor. Esta medida impactará de manera directa en tres de cada cuatro contribuyentes del distrito, según lo establecido en la normativa.
La iniciativa, denominada “ley de leyes”, asigna partidas significativas a áreas consideradas prioritarias. Los rubros de Promoción y Asistencia Social, y Salud concentrarán 1,7 billones de pesos cada uno, mientras que a Seguridad se destinarán 1,4 billones de pesos. El oficialismo provincial fundamentó que el Presupuesto busca asegurar la sostenibilidad fiscal y mantener el funcionamiento de programas sociales y de infraestructura.
Un componente estratégico de la ley es la creación del Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional. Este instrumento tiene como objetivo centralizar y gestionar los reclamos de la provincia de Buenos Aires por recursos que mantendría pendientes la Nación. Esta disposición fue ratificada en conjunto con el esquema de financiamiento para los 135 municipios.
En el capítulo tributario, la reforma se orienta a reforzar la progresividad del sistema sin incrementar la presión fiscal global. La medida más destacada en este ámbito es la reducción nominal de la patente del automotor, que alcanzará a aproximadamente 1,5 millones de vehículos, equivalente al 75% de los titulares. La decisión apunta a corregir distorsiones en las valuaciones y generar un alivio en el contexto económico actual.
El paquete fiscal también incluye modificaciones en el Impuesto Inmobiliario, con la eliminación de cuotas adicionales para la totalidad de los propietarios. El Ejecutivo provincial estima que la combinación de estos ajustes, junto con la rebaja de la patente, permitirá estabilizar la recaudación. El objetivo final es sostener el nivel de gasto social y de obra pública proyectado para el año 2026 sin aplicar aumentos generalizados en la carga impositiva.
