El Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) advirtió que los incrementos del 29% y 35% en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad, dispuestos por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para el último trimestre del año, resultan insuficientes frente al atraso acumulado del 70% registrado hasta agosto.
Según el organismo, la medida no cumple con los parámetros establecidos por la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) y no alcanza a cubrir los costos básicos de funcionamiento de las instituciones, que afrontan deudas, salarios, cargas sociales y servicios con serias dificultades financieras.
CAIDIS señaló que cerca del 20% de las instituciones de la provincia de Buenos Aires debieron cerrar sus puertas ante el colapso del sistema prestacional, lo que afecta de manera directa la atención y los derechos de las personas con discapacidad. A esto se suman los pagos atrasados, que demoran entre 60 y 90 días, y la falta de previsibilidad para los prestadores.
Ante la falta de aplicación efectiva de la ley, el consejo se sumó al amparo colectivo que tramita en el Juzgado Federal de Campana, con el objetivo de exigir la restitución plena de los derechos vulnerados y la actualización inmediata de los aranceles.
El sector advierte que, de no implementarse las medidas contempladas en la normativa vigente, continuarán los cierres de instituciones y la pérdida de empleos, afectando a más de 300.000 personas con discapacidad en todo el país que dependen de estas prestaciones para acceder a educación, salud, transporte y apoyos esenciales.
