Un nuevo capítulo del escándalo por el vínculo entre Federico “Fred” Machado y José Luis Espert surge cuando se conoció que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó al Ministerio de Seguridad argentino sobre el caso. En TV, Patricia Bullrich negó primero de plano —“Eso es una mentira total y absoluta, de principio a fin”—, pero luego exhibió el propio legajo del área a su cargo y dijo: “Homeland Security es el Ministerio de Seguridad nacional de Estados Unidos. Este le envía al Ministerio de Seguridad un documento secreto… La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal en el año 2021 hace un informe, que es éste”. Acto seguido añadió: “Yo desclasifiqué este informe para traértelo a vos”.
La funcionaria detalló que el relevamiento reunía información sobre Machado en causas de Estados Unidos y México, y vinculó ese material con la pesquisa judicial local: “Con esto, y con una investigación que hacen los distintos departamentos de narcotráfico del Ministerio Público Fiscal, se hace un procesamiento; una causa que arranca en el 2021 donde está incluido Espert, y esa causa es la que lleva adelante Martínez de Giorgi”. Es decir, el Gobierno de La Libertad Avanza avanzó con la alianza electoral pese a que el circuito institucional ya conocía los antecedentes.
En paralelo, nuevas revelaciones describen un contrato firmado a comienzos de junio de 2019 por un millón de dólares entre Machado y Espert, con una pauta de pagos de 100.000 dólares iniciales y nueve cuotas iguales, supuestamente por asesorías ligadas a la minera guatemalteca Minas del Pueblo SA. Consta además que existieron transferencias por 200.000 dólares, 36 vuelos en avión privado, una camioneta a disposición y otros 150.000 dólares en gastos de campaña no declarados. El propio Machado admitió que el acuerdo funcionó como cobertura para financiar políticamente al economista: “La idea de apoyarlo en lo económico surge porque me decía: ‘Te necesito, no somos muchos, somos pocos’ (…) Lo contraté como para darle una mano”.
Lejos de despejar dudas, la defensa pública de Bullrich deja abierto un interrogante político y ético mayúsculo: el ministerio responsable de combatir al narcotráfico conocía desde 2021 los aportes del presunto narcoempresario a un candidato presidencial y aun así convalidó su postulación en 2023. Para pensar.
