El presidente Javier Milei vetó por completo la Ley de Emergencia Pediátrica que había sido aprobada por el Congreso y que destinaba mayores fondos al Hospital Garrahan y a la atención de la niñez en todo el país. La decisión generó un fuerte rechazo de profesionales de la salud, legisladores y organizaciones sociales, que denunciaron un nuevo golpe a un sistema sanitario en crisis.
La norma declaraba la emergencia pediátrica por un año y obligaba al Estado a actualizar los salarios del personal asistencial y no asistencial, así como de los residentes, además de garantizar recursos para infraestructura y equipamiento. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de la medida significaba una erogación de $65.573 millones entre julio y diciembre, lo que anualizado ascendía a $133.433 millones, un monto considerado imprescindible para sostener la atención en hospitales de referencia.
Con este veto, el Garrahan y otros centros pediátricos pierden la posibilidad de reforzar planteles médicos, mejorar sueldos atrasados y garantizar la continuidad de tratamientos críticos.
En el Congreso, la oposición prepara una ofensiva para insistir con la sanción. Diputados ya anticiparon que el próximo miércoles 17 intentarán revertir la decisión de Milei, mientras que el Senado sesionará al día siguiente para debatir el tema junto con otros vetos presidenciales.
Organizaciones de pacientes y familiares anunciaron que se sumarán a las marchas previstas por los gremios de la salud y las universidades, entendiendo que “el ajuste está golpeando directamente en derechos básicos como la educación y la salud de los niños”.
El veto a la emergencia pediátrica se suma al rechazo al financiamiento universitario y anticipa un inminente enfrentamiento por los fondos para las provincias, lo que configura un escenario de alta conflictividad política y social.
