El Gobierno de Javier Milei oficializó el veto total a la Ley Nº 27.795, que establecía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y contemplaba la recomposición salarial de docentes y no docentes. La decisión quedó plasmada en el Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial, y significa un rechazo frontal a una norma que había sido aprobada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
La medida se da en un clima de creciente tensión entre las universidades nacionales y la Casa Rosada, marcado por los recortes presupuestarios y las advertencias sobre la falta de recursos para garantizar el normal funcionamiento de las casas de estudio. Fuentes oficiales confirmaron que la decisión responde a la postura del Ejecutivo de “mantener el control del gasto público” y evitar lo que consideran una intromisión en sus facultades de administración.
El proyecto vetado establecía la obligación de garantizar partidas presupuestarias específicas para sostener y fortalecer la educación universitaria en todo el país. Entre otros puntos, contemplaba fondos para afianzar la permanencia estudiantil, mejorar salarios de docentes y no docentes, impulsar la investigación, ampliar la infraestructura, promover programas de bienestar y actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades según la inflación medida por el INDEC.
La decisión presidencial ya generó un fuerte rechazo entre el sistema universitario y distintos sectores de la oposición, que habían celebrado la sanción de la ley como un paso clave para asegurar la continuidad de la educación superior pública y gratuita. Desde las federaciones estudiantiles y gremiales anticiparon que se profundizarán las medidas de protesta frente a lo que consideran un ataque directo a la universidad pública y a los trabajadores de la educación.
Con este veto, el Gobierno abre un nuevo frente de conflicto en un área estratégica para el desarrollo del país, y la puja por el financiamiento universitario promete trasladarse ahora a las calles y al Congreso, donde la oposición evalúa alternativas para insistir con la norma.
