La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atraviesa una grave crisis institucional y presupuestaria marcada por denuncias de corrupción, despidos masivos y reducción de servicios. Trabajadores de la entidad, muchos de ellos personas con discapacidad, advirtieron sobre una sobrecarga laboral tras el despido de al menos 500 empleados y el cierre de centros de atención en el interior del país.
Desde diciembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei, el organismo sufrió fuertes ajustes presupuestarios que afectaron la atención ciudadana y el funcionamiento de programas clave, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), las pensiones contributivas por invalidez laboral y el programa federal Incluir Salud.
El escándalo se profundizó tras la difusión de audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, quien vinculó a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, con presuntas coimas provenientes de fondos del organismo, lo que motivó allanamientos judiciales.
La situación impacta de manera directa en personas con discapacidad que trabajan en la agencia, quienes denuncian invisibilización, eliminación de traslados laborales y falta de asistencia personal para desempeñarse en sus puestos. Además, el cierre de centros de referencia en localidades del interior obligó a que las sedes de Núñez e Hipólito Yrigoyen absorbieran la totalidad de las consultas, generando mayor presión sobre el personal.
Organizaciones del sector advierten que los recortes vulneran derechos básicos de un colectivo históricamente relegado y que la crisis en el organismo pone en riesgo la continuidad de programas esenciales para miles de beneficiarios.
