viernes 29 agosto, 2025

Avanza la privatización de Aysa: el Gobierno habilitó la venta de acciones y los cortes por deuda

Un DNU firmado por el Ejecutivo reforma el marco regulatorio, abre la puerta a capitales privados y autoriza suspender el servicio de agua a usuarios morosos; sindicatos y legisladores advierten un “retroceso a los noventa”.

El Decreto 493/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, modificó el artículo 2° del decreto 304/06 y borró la cláusula que impedía transferir el 90 % del capital social de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Con la nueva redacción, el Estado “podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”, paso decisivo para la privatización de la firma que abastece a más de catorce millones de personas en el AMBA.

La misma norma faculta a la concesionaria a “efectuar el corte del servicio en caso de mora”, constituir como garantía los fondos de la explotación y revisar y auditar las obras dentro del área regulada. Gremios del sector denunciaron que estas atribuciones “ponen el negocio por encima del derecho humano al agua” y dejan a los usuarios más pobres expuestos a una eventual interrupción del suministro.

El Ejecutivo encomendó a la Agencia de Planificación (APLA) la elaboración de un “Plan Director de Mejora Estratégica” con proyectos, obras y fuentes de financiamiento. También habilitó un régimen de transición de hasta cinco años, una vez concretada la privatización, para “mantener la ecuación económico-financiera” del contrato.

Al justificar la medida, el decreto afirma que “el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia” y que la crisis económica “limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio”. Para la Federación de Obras Sanitarias, en cambio, AySA “no registra déficit operativo” y la reforma “replica la lógica de las privatizaciones de los años noventa”.

Legisladores de Unión por la Patria anunciaron un proyecto para derogar el DNU y advirtieron que cualquier cambio en la empresa “debe debatirse en el Congreso”. “No vamos a permitir que el agua se convierta en mercancía”, remarcaron, anticipando que el invierno llega con fuerte pulseada política por el futuro de AySA.

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