La Resolución 221/25 del Gobierno de Javier Milei impulsa la venta de hasta el 90 % del paquete accionario de la empresa que abastece a 11,3 millones de personas y gestiona cloacas para 9,4 millones, mientras recorta obras y sube tarifas.
El plan de transición 2024-2026 sustituye el programa de inversiones aprobado en 2023 y fija como meta “concretar un exitoso proceso de privatización o concesión del servicio”. La decisión se apoya en la Ley Bases y habilita la licitación o la emisión de acciones, con el 10 % reservado a los trabajadores.
La reestructuración ya derribó 299 obras en curso y mantuvo solo 36, rescindió 56 contratos, despidió a más de 200 empleados y aplicó aumentos tarifarios de 343 %. El ajuste persigue equilibrio financiero a costa de frenar la expansión de redes en los barrios populares del segundo cordón metropolitano.
La experiencia de los noventa advierte sobre los riesgos: la concesión de Obras Sanitarias generó contaminación por arsénico y nitratos, disparó las tarifas y desatendió a distritos como La Matanza y Berazategui, hasta que la reestatización de 2006 restauró un criterio de servicio público.
Con el nuevo esquema, proyectos estratégicos como el Sistema Riachuelo podrían quedar en suspenso si el privado prioriza rentabilidad sobre infraestructura. El agua pasaría de derecho humano a mercancía y profundizaría desigualdades territoriales, dejando al Gran Buenos Aires frente a un futuro de exclusión sanitaria y conflicto social.
