A través del Decreto 436/2025, el Gobierno nacional derogó normativas clave que obligaban a las escuelas de todo el país a desarrollar jornadas de formación en temas como la violencia de género y la educación vial. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, apunta a reducir lo que el Ejecutivo considera una “duplicación de funciones estatales” y forma parte de su plan de ajuste y reorganización administrativa.
Con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el decreto elimina el artículo 3° de la Ley 27.234 —que establecía la jornada “Educar en Igualdad” en todos los establecimientos educativos—, y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, que regulaban la implementación de contenidos de educación vial en las escuelas.
El argumento oficial se centra en la superposición de responsabilidades entre organismos como el Observatorio de la Educación Vial —que queda disuelto— y el Consejo Federal de Seguridad Vial. Según el Gobierno, esta redundancia atentaba contra los principios de “eficiencia administrativa y racionalidad presupuestaria”, al replicar estructuras y funciones similares en diferentes niveles del Estado.
En el caso específico de la violencia de género, el decreto sostiene que la organización de las jornadas no debería recaer sobre el Estado nacional, dado que la gestión educativa fue transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Ley 24.049. Así, se deja en manos de cada jurisdicción la decisión de continuar o no con estas instancias de formación.
Además, el texto cita las bases de la recientemente sancionada Ley 27.742, que plantea la necesidad de reducir el tamaño del Estado, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas como ejes de la nueva política de gestión pública.
El decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, como establece la Ley 26.122, para su análisis legislativo. Mientras tanto, la comunidad educativa, gremios docentes y organizaciones sociales manifestaron su preocupación por el impacto de estas medidas en la formación integral de los estudiantes y en la prevención de problemáticas estructurales.
